Los recientes ataques (entre el 9 y el 13 de junio) con explosivos a tres “objetivos” considerados símbolos capitalistas ocurridos en torres de alta tensión en Valparaíso y Bio Bío y a una línea férrea en la región de Ñuble, da cuenta de un eventual inicio de una escalada de violencia terrorista en Chile.
Por Guillermo Holzmann.
Los recientes ataques (entre el 9 y el 13 de junio) con explosivos a tres “objetivos” considerados símbolos capitalistas ocurridos en torres de alta tensión en Valparaíso y Bio Bío y a una línea férrea en la región de Ñuble, da cuenta de un eventual inicio de una escalada de violencia terrorista en Chile. Si bien se los adjudica un desconocido grupo denominado “Movimiento 18 de octubre”, el cual actúa a través de dos células, plantea una serie de cuestiones relevantes para un análisis preliminar.
Por lo pronto, en términos descriptivos, destaca la rápida atribución de los ataques como también la capacidad de realizar coordinadamente actos terroristas en distintas regiones del país. Mas allá, de que el Movimiento que se adjudica los atentados exista o no y que posea una organización capaz de actuar en distintas regiones, cuestión que se espera puede ser dilucidada por la investigación que conduce la fiscalía, es necesario considerar lo siguiente:
El panfleto reivindicatorio del Movimiento 18 de octubre constituiría un grupo anarquista que actúa contra el capitalismo, el empresariado, la derecha conservadora y el propio Gobierno de Boric. Es decir, contra todo tipo de institucionalidad y símbolos capitalistas. Que grupos de esta naturaleza dejen de lado el discurso acostumbrado y avancen hacia el siguiente nivel de las acciones concretas contra la infraestructura critica constituye un dato de relevancia, en la medida que ello requiere una organización piramidal (contrario al anarquismo tradicional) y una selección previa de objetivos que les asegures impunidad (sin testigos ni trazabilidad de imágenes).
Primero, porque la realización de estos ataques requiere financiamiento, planificación, logísticas, organización y capacidad de ejecución (independiente de que sean al menos dos o más los integrantes de este Movimiento (los grupos anarquistas en Chile fluctúan entre 5 y 12 integrantes permanentes, mas invitados que comparten sus debates).
Segundo, significa acceso a explosivos cuya adquisición se ha hecho a través del tiempo y que precisa almacenamiento en ciertas condiciones. Adicional a ello, se necesita conocimiento para su armado, instalación y control de la explosión, con lo cual estamos en presencia de cierto entrenamiento y preparación para todo ello, lo cual tampoco se improvisa.
Tercero, la utilización de selección de objetivos, transporte e instalación, sin generar sospechas ni cometer errores, constituye una característica propia de planificación de grupos terroristas de décadas pasadas. La investigación de la Fiscalía nos dirá, en su momento, que tan entrenados estaban, considerando el tipo y cantidad de explosivo, su instalación en los puntos de debilidad de las estructuras y la efectividad de la explosión.
Lo anterior, en el plano descriptivo. Lo siguiente es el contexto. A nivel regional, a los escenarios de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, se suman las incertidumbres de Argentina y Brasil, con derivadas de violencia política y fragmentación ideológica, entre otros aspectos. En el caso de Chile, el contexto político está caracterizado por un ambiente de complejidad en la gobernabilidad del Gobierno, cruzado por las dificultades de lograr mayorías sólidas para avanzar en reformas necesarias en el Congreso, como también algunas estructurales.
Los temas de economía y seguridad constituyen parte relevante de la agenda que por momentos se estanca, pero no logra asentarse de manera creíble, afectando la confianza en el Gobierno. A todo ello, se suma el aumento constante de la criminalidad asociada al Crimen Organizado y sus distintas expresiones que, en lo más llamativo, da cuenta de un aumento importante en asesinatos vinculados a bandas delictuales con componentes chilenos, migrantes legales e irregulares. No pasa desapercibido el incremento de acciones violentas, vandálicas y terroristas en la macrozona sur de manera persistentes en las últimas semanas. La percepción es que las acciones del Estado están llegando tarde a responder a las urgencias de la ciudadanía en distintas áreas, donde se suma la salud a raíz de los virus y enfermedades de invierno.
A lo anterior se agrega, el inicio de un nuevo proceso constituyente, iniciado el 7 de junio al instalarse el Consejo Constitucional. En esta instancia de debatirá una nueva Carta Fundamental a partir de un borrador redactado por una Comisión Experta y donde, a diferencia del anterior proceso, los movimientos sociales y otras entidades que planteaban la refundación del país no están presentes y tampoco validadas por la ciudadanía que rechazo ese proyecto por un 62% y que luego da una mayoría decisiva al partidos Republicano, de raigambre conservadora tradicional, para liderar, en términos de votos, el actual proceso.
Con estos elementos, surgen más preguntas que respuestas respecto a la finalidad política de los atentados, entendiendo que todo atentado de estas características busca un objetivo. Normalmente, cuando se trata de un grupo que utiliza un nombre desconocido, independiente de que existiese o no con anterioridad, es instalar el nombre (la marca) y establecer un punto de inicio para sus futuras actividades. Señalemos de paso, que el nombre del Movimiento y sus células, al no estar en el radar de la observación de organismos de inteligencia, hace más difícil su rastreo y conocer la forma en que se realizó el reclutamiento para estas acciones y donde realmente opera o tiene su centro de control de operaciones.
En términos de análisis, los escenarios más probables son los siguientes:
(Máximo negativo) Estos atentados constituyen el inicio de una actividad terroristas que busca consolidarse como habitual y de presión y desafío directo a la institucionalidad, el Gobierno, los consejeros constitucionales y empresariado. Los atentados irán acompañados de acciones de otros grupos, de manera coordinada o no, para generar protestas violentas, vandalismo y violencia política en distintos espacios urbanos y territorios, siendo su mayor nivel, llegar a los atentados a personas vinculadas a la institucionalidad política y empresarial del Estado. Este tipo de atentados, normalmente, resulta ser un incentivo para otros grupos cuyo objetivo es debilitar al máximo la acción estatal, policial y judicial para sus fines propios. Con estas acciones se deslegitima el Gobierno y se instala el temor y la polarización social y política.
(Mínimo negativo) La posibilidad de que ocurran nuevos atentados es baja, dando cuenta de su frágil organización y voluntad de sus integrantes al no concitar los apoyos esperados de otros grupos, nacionales o extranjeros, para mantener su planificación. La acción de los organismos policiales resulta ser efectiva en la medida que neutraliza o impide la serie de atentados planificados, logrando solo la reacción efectiva de las instituciones responsables del Estado junto con la cooperación del sector privado susceptible de ser considerados blancos potenciales.
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